Esta situación genera afectaciones a los derechos fundamentales de los privados de la libertad pues las condiciones de hacinamiento en las diversas penitenciarias del País son altas.
El 20 de octubre de 2022, el senador de la República Omar de Jesús Restrepo Correa envía un derecho de petición a la Procuradora, Doctora Margarita Cabello Blanco con el fin de: “iniciar formalmente una investigación disciplinaria y correr traslado a las autoridades competentes en materia fiscal y penal”, posteriormente, esta es trasladada a la Contraloría General del Quindío, por parte de la Contraloría General de la república el día 7 de diciembre de 2022 y con radicado interno número 3840.