Desde la Procuraduría se afirma que el contratista no tenía la capacidad para prestar los servicios de operación logística requeridos, Telecafé habría subcontratado, por $ 57.000 millones, toda la operación y suministro del convenio sin dejar ningún ítem a su cargo.
Foto portada: Telecafé, tomada de La PGN
Por presuntas irregularidades en un contrato suscrito entre el Ministerio del Interior y Telecafé en 2023, la Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos al entonces secretario general del Ministerio del Interior, Juan Manuel Reyes Álvarez; al director de la Autoridad Nacional de Consulta previa, Álvaro Echeverry Londoño, y al exgerente encargado de la citada sociedad de televisión, Martín Fernando Montoya García.
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Al parecer, para el 24 de marzo de 2023, fecha en que se suscribió el convenio interadministrativo que superó los $ 61.900 millones, Telecafé no tenía la idoneidad y capacidad técnica y física para prestar los servicios de operación logística de los eventos, encuentros y actividades requeridos por el Ministerio y contratados de manera directa.
Las pruebas muestran que esa firma celebró seis contratos de prestación de servicios con igual número de empresas, por $ 57.000 millones, para ejecutar las mismas obligaciones y suministrar los mismos elementos convenidos con la cartera del Interior.
Es decir, se subcontrató toda la operación y suministro del cuestionado contrato interadministrativo sin dejar ningún ítem a cargo de Telecafé.
En consecuencia, la sociedad de televisión de Caldas, Risaralda y Quindío, Telecafé, habría fungido “como un simple intermediario, eludiéndose adelantar el proceso de selección que correspondía”, agregó a Procuraduría.
Por estos hechos el Ministerio Público formuló cargos a Reyes Álvarez y Montoya García, quienes suscribieron el señalado contrato interadministrativo y a Echeverry Londoño quien elaboró el estudio previo y la justificación del convenio según la cual, Telecafé tenía la capacidad para ejecutar las obligaciones contratadas.
La Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación estatal calificó las conductas reprochadas provisionalmente a los tres investigados como gravísimas a título de culpa gravísima.
Fuente: PGN
