Procuraduría destituyó a la actual Gobernadora del Putumayo

Sorrel Aroca fue inhabilitada por 12 años para ejercer cargos públicos por las irregularidades en la compra de una póliza de seguro de vida para 11 diputados de la Asamblea Departamental.

En fallo de primera instancia la Procuraduría General destituyó e inhabilitó por 12 años para ejercer cargos públicos a la actual gobernadora de Putumayo, Sorrel Aroca Rodríguez por su participación en las irregularidades el proceso de selección para adquirir una póliza de seguro de vida para los 11 diputados de la Asamblea Departamental cuando fungía como su presidenta.

Para el Ministerio Público la actual mandataria departamental incurrió en una falta disciplinaria al adquirir esas pólizas que tuvieron un valor superior a los 20 millones de pesos cada una. En este sentido se considera que violó los requisitos legales exigidos en este tipo de casos, generando así un detrimento patrimonial al departamento.

En 2014, adquirió una póliza de 25 millones de pesos con la aseguradora Solidaria para asegurar la vida de los diputados, por espacio de un año,  pero seis meses después compró otra con seguros La Previsora, por más de 20 millones de pesos, sin esperar a que la anterior se venciera.

“La señora AROCA RODRIGUEZ constituyó la póliza No.1002208 con la compañía de seguros LA PREVISORA, el 03 de enero de 2014, con vigencia hasta el 01 de enero de 2015, cubriendo el seguro de vida de todos los Diputados de la Asamblea Departamental, por valor de $25.000.000,00. y el 25 de julio de 2014, constituyó la póliza No 436-15-994000000138 con la compañía

ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA, con el mismo objeto, seguro de vida de todos los Diputados a la Asamblea del Putumayo, por valor de $20.878.000,00″, indica el pliego de cargos de la Procuraduría.

En el juicio disciplinario se consideró que la Gobernadora no pudo justificar la necesidad de adquirir esta póliza puesto que los 11 diputados ya estaban cobijadas por un seguro similar. Debido a esto se consideró que se presentó un desconocimiento de los principios de transparencia, responsabilidad y economía que le exigía su cargo a la hora de firmar estos convenios.

El órgano de control disciplinario compulsó copias ante la Fiscalía General para que se investigue la presunta presentación de testigos falsos en el juicio. En contra de esta decisión la Gobernadora puede presentar un recurso de reposición y apelación ante la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General.

Fuente: El Espectador.com

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