La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos a siete funcionarios de la Universidad del Quindío, por presuntas irregularidades de tipo contractual, en el proceso de Invitación Pública No. 03 de 2017, cuyo objeto era la prestación del servicio de vigilancia.
Los implicados son el rector de la universidad, José Fernando Echeverry Murillo, y los integrantes del Comité Evaluador del proceso contractual conformado por: la vicerrectora administrativa, Estella López Cadavid; y los profesionales Juan Felipe Pérez Acosta, Gloria Patricia Villa Montoya, María Cristina Posso Echeverri, Gustavo Aguirre Salazar, y Jenuarren Solarte Mosquera.
La Procuraduría Regional del Quindío les cuestionó la presunta adjudicación del citado contrato a la empresa de vigilancia Emmanuel Ltda., pese a que esta no habría aportado la licencia de funcionamiento vigente o en trámite con la presentación de la propuesta, y su oferta económica no se ajustaba a los precios y condiciones del mercado, con lo cual, se pudo desconocer lo dispuesto en el pliego de condiciones.
El ente de control reprochó al rector y a la vicerrectora, quienes presuntamente tuvieron conocimiento de estas irregularidades y no declararon la nulidad de lo actuado, contraviniendo posiblemente lo establecido en los artículos 153 y 155 del Estatuto de Contratación de la universidad.
Por estos hechos el Ministerio Público calificó provisionalmente la conducta de los investigados como constitutiva de falta disciplinaria grave cometida a título de culpa gravísima, en el supuesto de comprobarse que desatendieron normas de obligatorio cumplimiento.
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