El Tribunal ordenó una investigación científica sobre el impacto de la minería en el ecosistema colombiano.
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En un fallo de tutela la Corte protegió el derecho de los habitantes del municipio de Pijao, Quindío, a pronunciarse sobre los efectos que tendría en la región, de vocación agrícola, la concesión de títulos mineros para la puesta en marcha de proyectos a gran escala.
“La competencia de los entes territoriales para oponerse en determinados casos a las actividades mineras se ve particularmente reforzada si se tiene en cuenta que conforme al actual diseño constitucional la propiedad de los recursos naturales no renovables está en cabeza del Estado, definición que incluye a los municipios, razón por la cual su opinión debe ser adecuadamente escuchada a la hora de destinar si estos deben o no ser explotados”.
La sentencia también critica que el Estado haya construido una política minera sin contar con los estudios técnicos, sociológicos y científicos que permitan evaluar los impactos que genera dicha actividad sobre los territorios.
Ante ese panorama la corte da un plazo de dos años improrrogables a los Ministerios de Ambiente y del Interior, la Unidad de Parques Nacionales, el Instituto Von Humboldt y la Contraloría para entregar el estudio.
Fuente: Caracol radio
