En otro proceso penal con un claro y total desgaste de la Justicia, el Juzgado Sexto Penal Municipal del Circuito con Función de Conocimiento, dando cumplimiento al Código Penal, condenó a 20 meses de prisión al señor Miguel Antonio Alarcón, por el delito de Amenazas en contra de Defensores de Derechos Humanos, pero dejándolo en libertad y sin pagar ninguna caución pecuniaria.
Foto portada: Comisaria de Familia de Quimbaya, Quindío, imágen exclusiva de Periodismo Investigativo del Quindío
Hechos jurídicamente relevantes
Fueron dos hechos jurídicamente relevantes plasmados en el escrito de acusación: La conducta en que incurrió Alarcón, fue un Concurso Homogéneo y Sucesivo de delitos cometidos en amenazas en contra de defensores de derechos humanos y servidores públicos.
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El primer caso
El primer hecho jurídicamente relevante ocurrió el 22 de abril de 2022 hacia las dos de la tarde, quien fuera denunciado por la Comisaria de Familia de Quimbaya, en esta oportunidad, Miguel Antonio Alarcón se encontraba con su esposa Jennifer Arango Alzate, quienes eran padres biológicos de un menor de edad, estaban preguntando en la comisaría de familia, por qué al parecer, habían secuestrado a su hijo, allí le manifestaron que su hijo no estaba secuestrado, que lo que había sucedido era que la señora Jennifer Arango había llegado en horas de la mañana al despacho solicitando el restablecimiento de derechos a favor de su hijo menor, ya que se venían presentando problemas comportamentales por parte del menor, pues el hijo no le hacía caso, tenía bajo rendimiento académico, presentaba malas amistades en el sector donde residen, además, argumentaba no querer vivir con sus padres y deseaba irse para el Bienestar Familiar.
Cuando Miguel Antonio Alarcón escuchó la explicación de la funcionaria, protagonizó un escándalo, lanzando insultos, palabras soeces y amenazas de muerte en forma específica en contra de su pareja sentimental y la Comisaria.
Reincide
El segundo hecho jurídicamente relevante se remonta al 25 de abril de 2022 a las 8 de la mañana, Alarcón ingresó a la comisaría y fue atendido por la sicóloga, ya que la Comisaria se encontraba en audiencia y la profesional de turno le informó que era un deber restablecer los derechos del menor, nuevamente el individuo protagonizó un escándalo en contra de la señora Comisaria amenazándola de muerte por el procedimiento realizado en favor del menor y manifestó que se iba a ir hasta las últimas consecuencias.
La Formulación de Imputación de Cargos
El 2 de agosto de 2023, el juez 2do Promiscuo Municipal con Función de control de garantías de Quimbaya, presidió la audiencia, en la cual el Fiscal 11 Seccional imputó cargos a Miguel Antonio Alarcón, por el delito de Amenazas en contra de Defensores de Derechos Humanos, en esta caso la víctima fue la Comisaria de Familia de Quimbaya, Johanna Marcela López Naranjo.
El Preacuerdo
Alarcón, previamente había aceptado cargos el 8 agosto de 2024, en un preacuerdo realizado entre la defensa y la Fiscalía, al cual el Juzgado le dio aprobación por encontrarse en el margen de legalidad y de la potestad de la realización por parte del órgano persecutor, en este se estableció una pena de 20 meses de prisión y multa pecuniaria de 3 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Arraigo
El procesado no tenía antecedentes penales, desempleado, con sexto de bachillerato, residente en Barrio La Ciudadela de Quimbaya.
La víctima estuvo de acuerdo con el preacuerdo entre la defensa y la Fiscalía, es de anotar que el condenado, se comprometió a enderezar su conducta.
Finalmente, el Juzgado Sexto Penal Municipal del Circuito con Función de Conocimiento, condenó a Miguel Antonio Alarcón, a la pena principal de 20 meses de prisión, le concedió la suspensión de la ejecución de la pena, porque la condena a imponer es inferior a los 4 años de prisión, se tuvo en cuenta que el procesado no tenía antecedentes penales, igualmente tendrá un periodo de prueba por tres años, para lo cual se le advierte al procesado que en caso tal de reincidir o faltar con las obligaciones del acta compromisorio que va a suscribir, se vería en la penosa obligación de cumplir con la pena completa en centro carcelario y como no se acreditó que esté en condiciones de pagar la caución, no se librará, la cual será una caución juratoria, además se afectó con una pena accesoria de Inhabilitación por 20 meses para ejercer derechos y funciones públicas.
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