Fiscalía imputará cargos a siete presuntos responsables de posibles irregularidades en concesiones de la Setta para grúa y parqueadero, el proceso penal tiene como base, los hallazgos de la Contraloría Municipal (para la época de los hechos), que pusieron al descubierto presuntas irregularidades en concesiones de Setta durante las vigencias 2001 y 2002
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La audiencia
La audiencia de imputación de cargos se efectuará el próximo lunes 24 enero de 2022 a las 9:30 A.M. y será presidida por el Juzgado 3 penal municipal con función de control de garantías, la imputación de cargos por un presunto contrato sin cumplimiento de los requisitos legales y otros, correrá a cargo de la Fiscalía 1 delegada ante el Tribunal Superior de Pereira, Risaralda.
Los procesados
La Fiscalía 1 delegada ante el Tribunal Superior de Pereira, imputará cargos a los exalcaldes de Armenia: David Barros Vélez y Ana María Arango Álvarez, a los exdirectores de la Setta: Liliana Patricia Rúgeles Gil, Juan José Gómez Bustamante y Fanny Amparo Martínez Tafur, a la exgerente de la EDUA María Eugenia Beltrán Franco y el propietario de Rally Autos de Armenia Francisco Javier Urrea Arbeláez.
Antecedente de los hechos
Periodismo Investigativo conoció para la época de los hechos, a través de la Contraloría Municipal, que en agosto de 2012, la Contralora Municipal Nancy Lorena Castro Sanz, descubrió que son 22 las presuntas infracciones administrativas, disciplinarias, fiscales y penales y que los procesos auditores realizados por la Contraloría Municipal a la Secretaría de Tránsito y Transporte de Armenia, Setta, arrojaron como resultado estos productos y estos hallazgos están relacionados con las concesiones adelantadas por Setta.
En los hallazgos se hace referencia al contrato de concesión 01 de 2001 con el que se obliga a tener a la orden de Setta , vehículos camabaja, camioneta u otro medio idóneo las 24 horas del día para retirar los automotores que de conformidad con las disposiciones legales tengan que ser inmovilizados por incumplimiento a las normas o por accidentalidad.
Contratos
Se tuvo conocimiento de la existencia del contrato de concesión 001 de 2002, que corresponde a la prestación del servicio de parqueadero las 24 horas para los vehículos inmovilizados por el organismo de tránsito.
De la misma forma, tenemos el contrato de concesión 01 de 2003, servicios especializados de un sistema integrado de información y soporte técnico QX, registro de infractores, accidentes, automotores, parqueadero y grúas, multas y comparendos.
Detrimento del patrimonio público
Por ello, la contralora municipal, Nancy Lorena Castro Sanz, indicó que las presuntas irregularidades de tipo fiscal están cuantificadas en $294 millones 400 mil, por detrimento del patrimonio público que fue siendo continúo en el tiempo.
En su momento, con dichos hallazgos, se sospechó que el detrimento puede ser mayor, pero las inconsistencias recurrentes en la información del sistema no permitieron comprobar el detrimento real o total.
Según la Contralora Municipal Nancy Lorena, las transgresiones de tipo disciplinario estarían ligadas a presuntas irregularidades en el proceso de selección del concesionario, pues la administración realizó contratación directa cuando debió hacer una licitación pública.
En la investigación y hallazgos, se descubrió que las contravenciones disciplinarias también se halló que hay posibles anomalías en la labor de interventoría, adelantada por los secretarios de Tránsito y Transporte de turno Gilberto Núñez Robayo, 2002; Juan José Gómez Bustamante, 2002 a 2004 y 2008 a 2011; Liliana Patricia Rúgeles Gil, 2004 a 2007; y Lina María Londoño 2011, al existir posibles inconsistencias en la información de reportes de Setta, especialmente en los ingresos por concepto de patios y grúas.
En consecuencia, también hubo posibles deficiencias en el software de la secretaría de Hacienda, toda vez que hasta 2001 no tenía control, ni conocimiento de los ingresos reales obtenidos por el organismo de tránsito y en general a disposiciones legales en materia contractual, que condujeron a las irregularidades mencionadas, por lo que se dio traslado a la Procuraduría.
Es de resaltar que, desde la Contraloría Municipal se informó en su momento que, en cuanto a las faltas de tipo penal, se indicó que hay una presunta celebración de contratos sin el lleno de requisitos legales, por lo que se dio traslado inmediato a la Fiscalía General de la Nación.
Enfatizó la funcionaria, que las mencionadas irregularidades perduraron en el tiempo mediante adiciones que de forma cuestionada fueron otorgadas por David Barros Vélez y Ana María Arango Vélez.
“Esta Contraloría considera que las presuntas faltas han facilitado el detrimento patrimonial de la municipalidad debido a que se han generado probablemente desde inicios de la contratación, especialmente a partir de la instalación del sofware en Setta, pues existe una potencial vulnerabilidad en los niveles de seguridad y confiabilidad en la base de datos, situación que es muy grave para los intereses económicos de la administración”, agregó la contralora.
Recalcó que lo anterior fue puesto en conocimiento a la administración municipal del momento. “Para esto la Contraloría hizo un llamado a la alcaldesa Luz Piedad Valencia Franco para que analice jurídicamente la situación que presentan las concesiones adelantadas por la administración”.
Es de precisar que, del total de los ingresos percibidos por concepto de las concesiones de patios y grúas, el municipio solo recibió el 10% y el resto el concesionario.
El papel que jugaron los exalcaldes desde 2001 al 2011
La investigación de la Contraloría municipal descubrió que, fue en la administración del exalcalde de Armenia Mario Londoño Arcila en la que se celebraron los contratos de concesión 001 de 2001 , grúas y 001 de 2002 , patios, presuntamente irregulares, debido a que ambos fueron celebrados bajo la modalidad de contratación directa, contrario a lo prescrito en la ley 80 de 1993, concretamente los artículos 25 respecto al principio de economía, 29 en cuanto al deber de selección objetiva y 26 atinente a la responsabilidad.
Los anteriores principios que regulan en la materia, no fueron tenidos en cuenta por el concedente (Mario Londoño), según lo establecido por el ente de control, que señaló además que, debieron realizarse mediante el proceso de licitación pública garantizando los principios rectores, en concordancia con lo establecido en el artículo 209 de la Constitución. Por dicha conducta se considera la existencia de posibles deficiencias en la etapa precontractual y en la planificación de la contratación.
De igual modo, los hallazgos, explicó la funcionaria, que continuaron al implicar a los exburgomaestres David Barros Vélez y Ana María Arango Álvarez que durante sus respectivos gobiernos formalizaron con el privado adiciones, sin que mediara una justificación técnica y legal para ello, como tampoco solicitud del contratista que las soportara.
Asimismo, según la indagación preliminar los exdirigentes nunca se dieron a la tarea de revisar esas concesiones para descubrir, analizar y proponer modificaciones a las condiciones inicialmente pactadas, como el caso de las condiciones económicas y financieras cuyo bajo porcentaje, 10% , estaba por debajo de lo ofrecido por el concesionario, participación que inclusive según lo indagado fue rebajada durante un periodo a un 5% del total de recaudos.
Conforme a las vigencias evaluadas, añadió la Contralora que, presuntamente los interventores, (que para el caso fueron los directores de la Secretaría de Tránsito y Transporte de Armenia, Setta), incumplieron con las normas legales en el desarrollo de su función, que era la de realizar el debido seguimiento y control a las concesiones.
En los hallazgos se pudo evidenciar que, dicho incumplimiento pudo haber conducido a que se materializara diferencia en las consignaciones y por lo tanto faltantes de recursos monetarios, que quedan en curso para proceso de responsabilidad fiscal por parte del organismo de control.
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Los hallazgos
Concesión de grúas: En esta concesión la contraloría estimó una cuantía fiscal de $78.020.549 debido al porcentaje que dejó de recaudar la administración municipal por concepto de grúas. Esto por cuanto según la propuesta del concesionario, el valor a pagar sería del 15% sobre el total del recaudo obtenido, haciendo parte integral del contrato. No obstante, se pactó un porcentaje del 10% sin justificación legal y técnica alguna con clara desventaja económica para los intereses públicos.
Concesión de grúas: En esta el ente de control estimó una cuantía fiscal por valor de $9.611.014 correspondiente al valor no ingresado por concepto de transporte en grúa de vehículos inmovilizados.
Concesión parqueadero y/o patios: En esta se estimó una cuantía fiscal por valor de $203.860.871 que equivale al porcentaje del 10% no ingresado a las arcas de la administración.
El anterior informe, corresponde a la investigación y hallazgos que realizó la Contraloría Municipal de Armenia, en el año 2012 y ahora falta conocer como se vendrá la Fiscalia con su investigación e imputación de cargos el proximo lunes 24 de enero del presente año.
Otras investigaciones
Periodismo Investigativo conoció que presuntamente existen otras investigaciones inherentes a temas de la Setta
Exclusivo: www.periodismoinvestigativo.com.co — Contraloría Municipal de Armenia,Quindío
