Un equipo especializado de fiscales e investigadores mantendrá contacto permanente con entidades estatales y agencias internacionales para poner en evidencia las operaciones de lavado de activos y defraudación.
La Fiscalía General de la Nación fortalece su capacidad para afectar a las redes criminales de alcance trasnacional que recurren a maniobras financieras y comerciales para ocultar su actuar ilícito.
En ese sentido, el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, expidió la Resolución 562 de 2022, mediante la cual se pone en funcionamiento el Grupo Especial para la Investigación y Judicialización de Delitos Económico – Financieros. Se trata de un equipo especializado que responde a una de las actividades definidas en el Memorando de Entendimiento para el Fortalecimiento de la Investigación del Lavado de Activos y Delitos Conexos, suscrito entre la Fiscalía y la Embajada de Estados Unidos en Colombia.
El grupo está adscrito a la Delegada contra las Finanzas Criminales. Inicialmente, estará conformado por dos fiscales de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos y de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, con sus respectivos asistentes y un componente de investigadores del CTI.
Dentro de las funciones previstas está apoyar la identificación y judicialización de organizaciones y personas naturales que recurren a complejas operaciones de lavado de activos y de defraudación, entre otras conductas que afectan la estabilidad de las empresas e inyectan de recursos ilegales el torrente financiero internacional.
De esta manera, trabajará en la detección de las rutas, destinos y modalidades usadas por las redes involucradas en delitos económicos. Asimismo, identificará los sectores financieros y países afectados, entre otras variables que permitan fortalecer los procesos investigativos.
Esta labor investigativa contará con la participación y apoyo de las agencias estadounidenses. De igual manera, articulará capacidades con otras entidades del Estado, como la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), la Superintendencia Financiera, la Superintendencia de Sociedades, la Superintendencia de Notariado y Registro, la Sociedad de Activos Especiales (SAE), la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y la fuerza pública.
“Los delitos económicos y financieros son el eslabón para las conductas delictivas asociadas con la corrupción, y facilitan la desviación y ocultamiento de los dineros públicos y privados”, enfatizó el Fiscal Barbosa Delgado al explicar el alcance del nuevo grupo.
En la lucha contra la corrupción, en algo más de dos años, la Fiscalía General de la Nación ha realizado 13.229 imputaciones y obtenido 2.188 condenas.
Desarticulación de una red delincuencial que se habría apropiado de recurso públicos, a través de la realización de contratos con las alcaldías municipales en Caldas, Risaralda y Chocó y entidades de orden nacional. Por estos hechos fueron judicializadas nueve personas. En este proceso se compulsaron copias a la Corte Suprema de Justicia, la cual ordenó la captura del senador Mario Castaño.
Acusación de cuatro de los involucrados en las irregularidades detectadas en el millonario contrato suscrito por el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (MinTics) y el consorcio Centros Poblados, que tenía por objetivo garantizar el servicio de Internet en las escuelas rurales. Por este mismo caso también fue imputado Emilio Tapia.
Judicialización de Gustavo Adolfo Aguilar Vivas, representante legal de la EPS’S ASMET Salud, señalado de manipular los estados financieros para superar el margen de solvencia y liquidez que exigía la Superintendencia de Salud.
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