El exconcejal de Armenia, Quindío, Diego Fernando Fernández Morales será acusado formalmente por el presunto delito de concusión por la Fiscalía 21 seccional, el Juzgado 3ro del circuito presidirá la audiencia el próximo 19 de agosto a las 9: a.m. y el Dr. Oscar Arbeláez Londoño actuará como representante de victimas, para este caso, la alcaldía de Armenia.
Es muy posible que para esta audiencia actúe como defensor el mismo abogado Juan Pablo Zuluaga Mejía y el ministerio público estaría representado por la procuradora judicial Sandra Inés Dávila Calderón.
Recordemos que Fernández Morales, fue imputado en contumacia por el presunto delito de concusión, audiencia virtual realizada el 26 de agosto de 2020.
El imputado en contumacia exconcejal de Armenia, habría recibido $100 millones para respaldar las obras de valorización de la ciudad.
Ante la inasistencia del indiciado y luego de tres intentos de realizar la audiencia para formulación de cargos, el Juzgado Segundo Penal Municipal con función de control de garantías de Armenia (Quindío), lo declaró en contumacia y la Fiscalía logró la judicialización.
El hoy procesado, de acuerdo con la investigación, en 2016 le habría solicitado a Fernando León Diez Cardona, uno de los contratistas a quien le fueron adjudicadas las obras de valorización de Armenia, 200 millones de pesos que supuestamente serían repartidos entre él y otros concejales, con el fin de no oponerse desde el Concejo al proyecto en mención.
Tras las negociaciones, a Fernández Morales supuestamente le fueron entregados 100 millones de pesos en Armenia. Así, se presume que empezó a respaldar las citadas obras, de las cuales antes era opositor.
Asimismo, se conoció durante el proceso que el entonces concejal al parecer ofreció sus servicios a Diez Cardona, con el fin de asesorarlo poniendo a su disposición un grupo de ingenieros que le señalaran sus fallas y no se evidenciaran las actividades ilícitas que se estaban presentado.
Es de recordar que el contratista Diez Cardona fue condenado en julio de 2018, como responsable del delito de falsedad ideológica en documento público, en el marco de la investigación que le adelantó el ente acusador por las irregularidades en la adjudicación de las obras de valorización.
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