El Fiscal General de la Nación radicó en las últimas horas un documento dirigido al Ministro de Hacienda de Colombia Alberto Carrasquilla Barrera, en donde le solicita ‘’Esta situación hace urgente y necesario asumir una posición conjunta de Estado, que permita prevenir la generación de riqueza ilícita a particulares que financian la evidente e insostenible destrucción del medio ambiente a nivel nacional y que, lo más grave, contribuye al financiamiento de los Grupos Armados Organizados’’.
Foto: Eju.t.v
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La carta:
REPÚBLICA DE COLOMBIA
FISCAL GENERAL DE LA NACIÓN
DFGN 0 22 91
Bogotá, D.C., 11 ABR 2019
Señor
ALBERTO CARRASQUILLA BARRERA
Ministro de Hacienda y Crédito Público
Ciudad
DESPACHO FISCAL GENERAL DE LA NACIÓN
Respetado Ministro:
En las últimas semanas la Fiscalía General de la Nación ha entregado al país dos importantes resultados en contra de la minería ilegal que han puesto en evidencia la verdadera dimensión de la cadena productiva criminal relacionada con la explotación y comercialización ilegal de oro en Colombia.
Esta cadena involucra: (I) La extracción ilegal de oro con la correspondiente afectación del medio ambiente;( II) la comercialización interna del mineral extraído de manera irregular a través de empresas fachada que dan apariencia de legalidad a la operación y; (III) la comercialización internacional de oro, lo cual ha generado desorbitantes incentivos económicos cuyo resultado al final de la misma es una significativa operación de lavado de activos, como ha sido revelado por las investigaciones de la Fiscalía.
En el primero de los casos, referido a la Comercializadora Internacional Metales Hermanos y a un grupo de proveedores ficticios de oro, se develó un esquema que habría permitido a este entramado la supuesta compra, venta y exportación de toneladas de oro que mediante la constitución de empresas fachada, transacciones inexistentes, e inclusive la utilización de la identidad de varios miembros de una comunidad indígena en el Guainía, habría permitido una operación de lavado de algo más de $1,9 billones de pesos entre los años 2009 y 2014.
El segundo caso, y del cual informamos al país el día de hoy, involucra a la Comercializadora Internacional CIJ Gutiérrez y varios de sus proveedores. La Fiscalía investigó 10 años de la operación comercial de esta comercializadora y de sus principales proveedores, revelando que cuando menos durante este tiempo se habrían efectuado operaciones de compra de oro de manera ficticia, operaciones con proveedores sin perfil económico o capacidad para desarrollar esas operaciones, así como también con personas fallecidas. En este caso según los investigadores, el monto del lavado de activos alcanzaría los $2.1 Billones de pesos.
En suma, desde el año 2015 la Fiscalía General de la Nación ha judicializado cuatro (4) comercializadoras internacionales de oro y más de 50 proveedores nacionales de oro los cuales habrían efectuado operaciones de lavado de activos por un valor de $10.6 Billones de pesos.
Esta situación hace urgente y necesario asumir una posición conjunta de Estado, que permita prevenir la generación de riqueza ilícita a particulares que financian la evidente e insostenible destrucción del medio ambiente a nivel nacional y que, lo más grave, contribuye al financiamiento de los Grupos Armados Organizados.
Tal como lo he manifestado públicamente, estas circunstancias hacen necesario adoptar decisiones que impidan la profundización de esta industria ilícita, lo que —en nuestro entender- pasa necesariamente por la necesidad de restablecer en cabeza del Banco de la República el monopolio de la compra de oro en el país.
Seguro de que su Despacho entiende cabalmente la importancia de esta iniciativa, suscribo, “Iliglith, a…, roo”.
NÉSTOR HUMBERTO MARTÍNEZ NEIRA
Fiscal-General de la Nación
Fuente : FGN