Sergio Fajardo y Aníbal Gaviria —gobernador electo de Antioquia— firmaron el plan de aceleramiento en las obras de Hidroituango, que terminó en la construcción de un túnel que no estaba en los diseños originales y que finalmente colapsó. También se investiga al exgobernador Luis Alfredo Ramos y al exgerente de EPM, Juan Esteban Calle.
La Contraloría General anunció este jueves que abrió una investigación fiscal contra 34 posibles responsables de detrimento en el caso de Hidroituango, donde se han perdido cerca de 4 billones de pesos por cuenta de fallas en un túnel de desviación que colapsó hace un año y medio y que tenía como fin permitir la construcción del muro de presa de la central hidroeléctrica que se realizaban sobre el cauce del río.
Lo que tiene conmocionados a los paisas es que entre los investigados se encuentran los exgobernadores Luis Alfredo Ramos y Sergio Fajardo; el exalcalde y actual gobernador electo, Aníbal Gaviria, y el exgerente de EPM, Juan Esteban Calle, que después de su gestión pública terminó trabajando para el grupo Argos.
Según informó el ente de control, la apertura de investigación se hizo el 8 de noviembre por un proceso de responsabilidad fiscal por un total de cuatro billones setenta y cinco mil seicientos ochenta millones de pesos ($4.075.680.000.000) que se harbían perdido por “los daños generados por fallas en la planeación y ejecución del proyecto Hidroituango”.
Discriminado el supuesto detrimento patrimonial, se tiene que de los más de cuatro billones de pesos, casi 3 billones se habrían perdido a raíz de “las mayores inversiones realizadas no justificadas, que llevaron a que se diera una pérdida o destrucción del valor del proyecto”. Y un billón de pesos “por concepto de los recursos dejados de percibir por el Estado como consecuencia de la no entrada en operación de la hidroeléctrica en las fechas planeadas originalmente”.
Las investigaciones sobre Alfredo Ramos tienen que ver con que fue en su administración departamental que las obras empezaron y se desarrolló la llamada toma hostil, en la que el Departamento tomó la ventaja accionaria sobre el proyecto y se entregó la obra de construcción a EPM, que también es socio.
Por otro lado, Gaviria, Calle y Fajardo están en la lupa de la Contraloría porque en sus manos estuvo la puesta en marcha del llamado “plan de aceleramiento”, que se ideó porque los constructores no iban a cumplir los tiempos de obra, lo que llevó a que se construyera un túnel de desviación auxiliar sin loza de cemento y al que se le desprendió el suelo de roca, causando finalmente el derrumbe.
Durante su campaña, el ahora electo gobernador Gaviria dijo en debates y entrevistas que su fin era sacar el proyecto adelante por el bien de Antioquia y no dudó en señalar que no había responsables en la emergencia, que todo había sucedido por contingencias naturales y que la prueba estaba en que la aseguradora española Mapfre iba a respaldar el siniestro, sin embargo los informes de la empresa chilena Skava y de la Universidad Nacional dicen todo lo contrario.
En un informe entregado a la prensa, la Contraloría dice que la mayor parte de los gastos de “Hidroituango no se encuentran justificadas, pues obedecieron a la necesidad de atender situaciones que se presentaron como consecuencia de graves problemas en la planeación y en la ejecución del proyecto, atribuibles a la improvisación y a la falta de seguimiento y control de los vinculados en calidad de presuntos responsables”.
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