Hacia las 5:30 de la tarde de este lunes, el fiscal general, Francisco Barbosa, entregó detalles de la reunión que sostuvo en la mañana con el presidente de la República, Gustavo Petro, durante dos horas hablaron en la Casa de Nariño sobre el proyecto de ley de sometimiento de bandas.
Foto portada: Fiscal General, Francisco Barbosa en rueda de prensa en Presidencia , aportada por FGN
El encuentro se llevó a cabo durante a dos horas en la Casa de Nariño, y tuvo como eje central el proyecto de ley de sometimiento de bandas criminales que en los próximos días radicará el Gobierno en el Congreso.
En la declaración, el jefe del ente acusador sustentó cuáles son sus puntos de vista frente a la iniciativa que les daría a delincuentes entre 6 y 8 años de condena en la cárcel, más cuatro años de pena restaurativa.
“Durante más de dos horas conversamos ampliamente sobre temas de ‘paz total’, en especial lo que tiene que ver con el sometimiento a la justicia, que se le presentó al país la semana pasada”, comenzó por decir Barbosa.
Para el fiscal, hubo dos temas centrales que llevaron al Gobierno y a la Fiscalía a un acuerdo: el primero es que hay coincidencia en que era necesario un proyecto de sometimiento, y en segundo lugar, que ese sometimiento debía ser colectivo: “Yo lo había dicho hace un mes, cuando se negaron las suspensiones de órdenes de captura de narcotraficantes y exparamilitares o paramilitares que se encuentran en unas zonas del país, diciendo que no existía marco jurídico para levantarlas”, subrayó desde el búnker de la Fiscalía.
Las observaciones de Barbosa
En total Barbosa dijo que son nueve observaciones al proyecto de ley de sujeción a la justicia. El fiscal considera que el proyecto podría tener problemas de constitucionalidad, tema que será presentado por la Fiscalía en el Consejo Superior de Política Criminal y en el Congreso. “En primer lugar, se estableció en el proyecto en los artículos 28, 42 y 52, que el proceso de sometimiento tenía que hacerse en la Fiscalía a través de la Unidad Especial de Investigación, que fue creada por el Acuerdo de Paz de La Habana”, cuestionó.
El presidente Petro y el fiscal Barbosa. Foto: Presidencia
Para la Fiscalía, el mandato a dicha Unidad excede el marco constitucional, pues se trata de delitos que no irán a competencia de la JEP. Barbosa les pidió al presidente Petro y al ministro de Justicia, Néstor Osuna, que la investigación quede totalmente en manos de la Fiscalía.
Otra de los puntos de preocupación son los términos procesales de los que se habla en la iniciativa, pues como está el plan cree que habrá muy poco tiempo para corroborar pruebas y hechos delictivos que se hayan excluido de las actas individuales y colectivas de sujeción. Esto significa que la justicia no tendría oportunidad de controvertir las confesiones de los beneficiados, lo que iría en detrimento de la verdad y de los derechos de las víctimas.
No pueden llegar al proceso a decir que los bienes míos los tiene la justicia colombiana para que se utilicen. No señor, esos bienes ya se lograron, son 26 billones de pesos que se han recogido.
“Un tercer tema tiene que ver con que no se pueden limitar las formulaciones de imputación solamente a lo que señalen las personas que las firmen, sino que la Fiscalía tiene que verificar otras conductas que puedan no estar reconocidas en la imputación”, afirmó Barbosa, quien estuvo acompañado de la vicefiscal general, Martha Mancera.
El cuarto punto, polémico desde su presentación, tiene que ver con la inexistencia de topes sobre los bienes que podrían mantener los delincuentes que se sometan. En ese sentido, el fiscal dijo que esto debe ajustarse al artículo 133 de la Ley de Extinción de Dominio, para que no se envíe un mensaje erróneo a la sociedad.
Asímismo, destacó que los bienes que ya hayan sido objeto de la justicia, con medidas cautelares, ante jueces o ante la SAE, no pueden hacer parte de las negociaciones de esas redes: “Es decir, no pueden llegar al proceso a decir que los bienes míos los tiene la justicia colombiana para que se utilicen. No señor, esos bienes ya se incautaron, son 26 billones de pesos que se han recogido en estos tres años de administración contra estas organizaciones”, dijo.
En quinto lugar, el fiscal general dijo que la entidad no va a aprobar listados y verificar cumplimientos de obligaciones. “Nosotros no podemos ser un órgano verificador de listas, ni tampoco tenemos en nuestra cabeza el cumplimiento de obligaciones de procesos que tienen que ver necesariamente con estas personas (quienes se sometan)”. Esa labor debía corresponder a organismos de seguridad.
Otro reparo que presentó Barbosa a Petro fue el del principio de oportunidad. Sobre este, destacó que se entrega siempre y cuando, quien lo recibe, cumple con lo establecido en procesos de justicia restaurativa y tiene delitos aptos para que se le entregue el beneficio. La crítica la hizo porque en el proyecto de ley aparecen delitos graves que no podrían tener ese tipo de beneficios.
El séptimo punto fue más en tono de sugerencia, enfocada a que las víctimas no queden desprotegidas, pues en el proyecto de ley “no se encuentra el esquema de reparación de víctimas y su rol en los procesos”.
El octavo ‘pero’ está relacionado al artículo 46 y a la figura de cosa juzgada. En él se dice que un juez proferirá una sentencia colectiva, pero agrega que si luego aparecen hechos relacionados con alguien que haya sido cobijado con la sentencia colectiva, se tiene que abrir otra vez la discusión para introducirla dentro de la sentencia. “¿Entonces cuál es la firmeza de la sentencia?”, se cuestionó Barbosa al subrayar que se desconocería la cosa juzgada.
“Y por último, no es posible aplicar en el principio de oportunidad la figura de concierto para delinquir por delitos graves, porque hay una sentencia que es la C-936 de 2010, que ya había establecido frente a la Ley 1312 de 2009, que no podía desconocerse la obligación del Estado de investigar violaciones a los derechos humanos”, concluyó el fiscal Barbosa.
Ante estos temas la reacción del presidente, según Barbosa, fue la de escuchar atento los ‘peros’ y discutirlos abiertamente.
La previa
Antes de salir a dar declaraciones al público, como lo anunció EL TIEMPO, el fiscal general estuvo todo este fin de semana evaluando los 54 artículos de la iniciativa liderada por el Ministerio de Justicia y los congresistas Alirio Uribe y Ariel Ávila.
El principal antecedente entre los ya cinco encuentros que han tenido Barbosa y Petro (desde que él llegó a la Casa de Nariño) es cuando el fiscal subrayó que respalda la idea de ‘paz total’, y que ayudará al jefe de Estado en llegar a ella. No obstante, en los últimos días ha mostrado sus reparos en cuanto a darles estatus políticos a las disidencias de las Farc, y a levantar órdenes de captura de personas extraditables.
Hace una semana, el fiscal había pedido respaldar la paz total, pero había advertido de la necesidad de avanzar con cautela. “Hay que rodear la idea de la ‘paz total’ y al presidente (Petro) para que no existan más tropiezos o engaños que se están presentando alrededor de él, porque yo creo que hay enemigos de la paz agazapados, como dijeron hace 40 años, alrededor del presidente de la república hoy día”, dijo el fiscal general.
Fuente: El Tiempo
