La inversión en los sistemas de iluminación e instrumentación del nuevo Puente Pumarejo, por no reportar los beneficios esperados, generó un hallazgo con presunta incidencia fiscal por 25.296 millones de pesos.
- Además, al evidenciarse corrosión prematura en las barandas del nuevo puente, se determinó un hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria y la apertura de una indagación preliminar.
- Y en los contratos de la Variante San Francisco-Mocoa, se encontraron deterioros en obras inconclusas, deficiente calidad de obras y reconocimiento injustificado de ítems no previstos, determinándose hallazgos con presunta incidencia fiscal por más de 22.769 millones de pesos.
PUBLICIDAD CRQ
La Contraloría General de la República determinó 7 hallazgos con presunta incidencia fiscal por un valor superior a los 50 mil millones de pesos (50.155.113.567 pesos) en un Auditoría de Cumplimiento que realizó al Instituto Nacional de Vías (INVÍAS), sobre 42 contratos por 1.7 billones de pesos.
El hallazgo con presunta incidencia fiscal de mayor cuantía (por 25.296 millones de pesos), corresponde al contrato para la construcción del nuevo Puente Pumarejo, en Barranquilla.
Según la Contraloría, este presunto detrimento patrimonial se genera por deficiencias en la gestión para garantizar el funcionamiento permanente de los sistemas de iluminación e instrumentación de esta estructura, puesta en funcionamiento desde diciembre del año 2019.
Con relación a las obras ejecutadas en virtud del Contrato 642 de 2015, el equipo auditor evidenció que el INVÍAS no ha ejercido eficazmente la función de adecuada salvaguarda de los activos derivados de las obras construidas, por el hurto continuado y el vandalismo sobre los elementos del puente, sin realizar eficaz y oportunamente las gestiones tendientes a mitigar estas no conformidades, siendo que eran y son bien conocidas, desde el propio inicio de la construcción de las obras, las dificultades y condiciones de inseguridad del sector donde está ubicado este puente.
De igual manera, se evidenciaron deficiencias de calidad en algunos elementos de las estructuras entregadas del puente, producto de falencias en el proceso constructivo y en la supervisión.
A la fecha de terminación de la Auditoría de Cumplimiento (noviembre de 2021), “el puente se encontraba sin iluminación y sin el funcionamiento de su sistema de instrumentación, pese a las cuantiosas inversiones realizadas para tal fin”.
Lo anterior significa que aunque existen todavía elementos pertenecientes a los sistemas de iluminación e instrumentación del puente, dichos sistemas no están funcionando ni cumpliendo la utilidad esperada ni tampoco están prestando los servicios especificados, generando con ello problemas de seguridad vial y peatonal (en relación a la falta de iluminación en la estructura) e incertidumbre acerca del comportamiento estructural del puente (por la falta de instrumentación del mismo, requerimiento éste que proviene de las recomendaciones del diseñador).
Ante esta situación, se elevó como presunto daño patrimonial el valor total pagado al contratista de obra por los sistemas de iluminación e instrumentación, dado que no estaban en funcionamiento a la fecha de la Auditoría de Cumplimiento y, por tanto, no estaban prestando los servicios de seguridad y monitoreo previstos en los diseños del puente y pagados en desarrollo del contrato de obra.
Se ha generado una gestión antieconómica e ineficaz
La Contraloría considera que, en este caso, se ha generado una gestión antieconómica e ineficaz del recurso, lo cual ha conllevado a la no utilización, tanto de la iluminación en el puente como de la instrumentación del mismo, con la consiguiente pérdida y deterioro de las inversiones realizadas.
Esto, además, genera la necesidad de tener que realizar nuevamente inversiones para colocar en funcionamiento la iluminación de la estructura.
Se constituye así un presunto detrimento patrimonial por el valor de las inversiones realizadas en estos ítems, cuyo valor es de 25.296´424.601 pesos (hallazgo administrativo con presunta incidencia fiscal y posible connotación disciplinaria).
Indagación preliminar por corrosión en barandas del puente
En la auditoría realizada por la Contraloría Delegada para el Sector de Infraestructura, se determinó igualmente un hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria y apertura de indagación preliminar, al evidenciarse corrosión prematura en las barandas del nuevo puente.
El equipo auditor consideró que tal situación podría ser producto de una deficiente decisión técnica adoptada por el contratista de obra y aprobada por el interventor, en lo relativo al tipo y especificación del material (acero) utilizado para este propósito, que no tuvo en cuenta las agresivas condiciones ambientales particulares (vientos, salinidad, etc.) de la zona donde se encuentra ubicado este puente. Y también, a la instalación de espesores de pintura menores a los recomendados y especificados.
Estos hechos son los que también han ocasionado la recomendación de realizar una indagación preliminar, a efectos de poder establecer un presunto daño fiscal, estimar su valor y determinar presuntos responsables.
Hallazgos con presunta incidencia fiscal en contratos de la Variante San Francisco-Mocoa:
Dentro de los 42 contratos revisados y evaluados en esta Auditoría de Cumplimiento al INVÍAS, están los correspondientes a la Variante San Francisco-Mocoa), determinándose hallazgos con presunta incidencia fiscal por más de 22.769 millones de pesos.
PUBLICIDAD EPA
Los recursos destinados para la ejecución de este contrato (407 de 2010) no fueron totalmente invertidos, debido al fenecimiento de reservas presupuestales de los años 2011, 2012 y 2013 por valor de 62.725 millones de pesos. Por esta razón, no se cumplió el alcance establecido en el mismo para la construcción de los Sectores 1, 4 y 5, quedando varias obras previstas sin finalizar.
Los hallazgos determinados, en general, se soportan en el deterioro de obras inconclusas, la deficiente calidad de algunas obras y el reconocimiento injustificado de algunos ítems no previstos, así como en el colapso del talud, intervenido parcialmente, ubicado entre las abscisas del K9+920 al K10+010 del frente Mocoa, debido a que las obras diseñadas para el mismo quedaron suspendidas sin que hubieran sido concluidas satisfactoriamente.
Por lo anterior, se generó una afectación al patrimonio público ocasionada por la no terminación de las obras previstas en este punto crítico y necesarias para garantizar su estabilidad (el talud colapsó), lo cual hizo determinar que los recursos invertidos en su ejecución (parcial), no cumplieron con los fines previstos, generando un presunto daño patrimonial al Estado en una cuantía de 6.293 millones de pesos.
Se estableció también que el Puente No 6, ubicado entre el K5+761 y el K5+828 del frente San Francisco, quedó como una obra inconclusa y no funcional, que ya presenta deterioros en la estructura metálica construida, por tanto, ante su estado actual y las falencias técnicas constructivas que impidieron su oportuna terminación, no cumple con la finalidad de la inversión de los recursos públicos destinados para su construcción.
La situación descrita genera una lesión al patrimonio por el valor de la inversión realizada para la construcción del puente 6, en un monto de 5.138 millones de pesos.
Por otra parte, se evidenció la incorporaron de ítems no previstos relacionados con el transporte y montaje de estructura metálica para puentes, mediante los cuales se reconocen al contratista de obra, algunos costos ya incluidos dentro del pactado ítem contractual No 38, acero estructural, incluido en su propuesta económica.
Por tanto, se generó una presunta lesión al patrimonio público por el mayor valor pagado al contratista durante la ejecución del contrato No 407 de 2010, en una cuantía de 11.338 millones de pesos.
Fuente: CGR
