La jefe saliente del Ministerio Publico presentó informe ejecutivo del año 2016, destacando el trabajo de todos los funcionarios de la Procuraduría.
Cerrando la administración 2009-2016, la procuradora general de la Nación, Martha Isabel Castañeda Curvelo, presentó un informe ejecutivo con los principales resultados de la gestión cumplida por el Ministerio Público en el año 2016, resaltando el arduo trabajo de la Entidad en materia preventiva, disciplinaria y de intervención como un órgano de control eficiente, protector de derechos y que lucha contra la corrupción.
“Con la ejecución del 89% de los objetivos trazados, doy por culminada mi labor en esta prestigiosa Entidad con la certeza del deber cumplido”, indicó Castañeda Curvelo en la entrega del mismo, agradeciendo el trabajo de los funcionarios de la Procuraduría de todo el país.
Haciendo un balance de la gestión de la Entidad durante el año 2016 destacó:
– Las 148.000 acciones preventivas tendientes a proteger los derechos de los colombianos, de las cuales se destacan los seguimientos al Sistema Nacional de Atención a la Población Desplazada; a las decisiones judiciales que ordenan acciones especiales a favor de la población vulnerable; a los casos de desaparición forzada y de violencia sexual en el marco del conflicto armado; a las políticas públicas de desmovilización, desarme y reintegración y a la restitución de tierras.
Derechos de la infancia, la adolescencia y la familia, asuntos prioritarios para la Procuraduría
- Dentro de sus funciones constitucionales, la Procuraduría ha trabajado para garantizar la sostenibilidad y el cumplimiento de las políticas públicas de infancia, adolescencia y familia, así como la vigilancia a la ejecución de los compromisos adquiridos por las administraciones territoriales frente a la garantía de los derechos de esta población.
- El Ministerio Público participó en la elaboración de la “Guía de atención a las personas con discapacidad en el acceso a la justicia”, la cual establece un protocolo de atención por parte de los funcionarios encargados de garantizarles el debido y oportuno acceso a las distintas instancias judiciales a la población en situación de discapacidad.
Seguimiento a las leyes de no violencia contra la mujer
Castañeda reiteró que la Procuraduría ha hecho especial seguimiento a las leyes 1257 de 2008 y 1719 de 2014 de no violencia contra la mujer y de acceso a la justicia. Además, a la crisis humanitaria de la comunidad wayúu en la Guajira, realizando recomendaciones a distintas entidades responsables de garantizar los derechos de esta población.
Lucha contra la corrupción
Para combatir la corrupción, la jefe del organismo de control subrayó las diferentes actividades realizadas en la vigencia 2016, destacando los acompañamientos a los procesos contractuales de entidades públicas por cuantías que superaron 2,6 billones de pesos, el fortalecimiento del Índice de Gobierno Abierto (IGA), del Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP) y del Sistema de Información de Gestión de Activos (SIGA).
En cuanto a los procesos de formación a los mandatarios territoriales y servidores públicos, la Procuraduría lideró un programa de capacitación llegando a 9.055 funcionarios de más de 15 departamentos; trabajó en la promoción de la Cultura de la Legalidad y la Integridad a través de la formación de 1.433 servidores de todo el país y elaboró 10.000 cartillas orientadas al fortalecimiento territorial en gestión del riesgo, prevención y atención de desastres.
Gestión disciplinaria
La procuradora resaltó la labor en materia disciplinaria de la Procuraduría. En el año anterior se evacuaron 97.403 quejas de las 110.104 que estaban por tramitar; se iniciaron 17.555 indagaciones preliminares, se abrieron 5.910 investigaciones y se profirieron 1.507 pliegos de cargos.
Agregó que producto de los procedimientos ordinarios y verbales, se emitieron 1.524 fallos de primera y única instancia, de los cuales 542 fueron absolutorios y 982 sancionatorios, con un total de 1.412 personas sujetas a sanción disciplinaria. Así mismo, se dictaron 643 fallos de segunda instancia: 337 confirmatorios, 84 modificatorios y 222 revocatorios.
De otra parte, quedaron en firme y se registraron en el SIRI 763 nuevas sanciones, de las cuales 491 correspondieron a suspensiones, 167 destituciones, 31 multas y 74 amonestaciones escritas, siendo los alcaldes y concejales los más sancionados en 2016.
Intervención judicial
En virtud de la función de intervención ante las diferentes autoridades judiciales, la Procuradora reveló que el ente de control participó en 102.972 audiencias, de las cuales se emitieron 64.700 conceptos en temas de impacto nacional. Así mismo, se interpusieron 3.808 recursos y se promovieron 2.148 acciones constitucionales y ordinarias.
Destacó los resultados de la gestión en materia de conciliación, producto del propósito de fortalecer este mecanismo alternativo de solución de conflictos, no solo frente a controversias de naturaleza contencioso administrativo, sino civil, comercial y de familia, lo que representó importantes ahorros presupuestales al erario público y un impacto significativo en la descongestión de los despachos judiciales.
Fue así como con corte a 30 de noviembre de 2016 se realizaron más de 51.000 audiencias de conciliación prejudicial y judicial en asuntos contencioso administrativo, en las que se celebraron 5.096 acuerdos que representaron un ahorro patrimonial de $85.908.243.530. Respecto de controversias civiles, comerciales y de familia, durante el 2016 se efectuaron 4.872 audiencias, lográndose acuerdo en 1.923 de ellas.
Finalmente, para la procuradora Castañeda Curvelo, no es posible cerrar este resumen ejecutivo sin resaltar la gestión de las dependencias de apoyo que dieron respaldo al cumplimiento de las funciones misionales de la Entidad. Al respecto, hizo referencia a la culminación del concurso que dio lugar a la provisión de 744 cargos de Procuradores Judiciales I y II en todo el territorio nacional, y el inicio de un nuevo proceso de selección de 739 nuevos funcionarios de los niveles asesor, ejecutivo, profesional, técnico, administrativo y operativo, restando para el 2017 únicamente la publicación de la lista de elegibles.