Procesos ‘eternos’, fiscales y jueces desbordados, derrota de la Fiscalía en casi la mitad de los juicios, falta de recursos y otros problemas tienen al sistema penal al borde de grave crisis. Análisis.
Foto portada: Hacinamiento en estaciones de Policía de Candelaria y Uri de Puente Aranda, Foto tomada de El Tiempo
A la alerta que hicieron en los últimos días la ministra designada de Justicia, Ángela María Buitrago, y el presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema, Diego Corredor, sobre una crisis por la impunidad en el sistema penal acusatorio que supera el 90 por ciento, se sumó el exministro de Justicia Alfonso Gómez Méndez hablando ya del “colapso del sistema” y de un “fracaso” por el que nadie responde.
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Buitrago habla de un 96 por ciento de impunidad, según los análisis que realizó en su preparación al cargo de fiscal general, al que la ternó el presidente Gustavo Petro el año pasado. Y Corredor hizo su alerta basado en el mapa de la impunidad que publicó la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, que habla de un 93,9 por ciento de denuncias asociadas a la corrupción que no tienen condena –57.582 en los últimos 13 años–.
Miles de presos se las arreglan para vivir en hacinamiento, Foto tomada de El Tiempo
Según analistas, las principales señales de la impunidad en la justicia penal están en dos indicadores: El número de casos que se archivan y el número de casos que llegan a juicio y se caen con la absolución de los procesados. La Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ) advierte que actualmente el archivo de las noticias criminales es del 80 por ciento. Según la CEJ, esto quiere decir que de cada 100 procesos que ingresan a la Fiscalía, al menos 80 se caen y ni siquiera pasan de la etapa de indagación.
El número de casos que llegan a juicio y que terminan en absolución –es decir, los casos que pierden los fiscales del país– también es considerable. Según la ministra Buitrago, la Fiscalía pierde entre el 57 por ciento y el 63 por ciento de los juicios. El magistrado de la Sala Penal de la Corte Suprema Jorge Hernán Díaz confirma dicha situación advirtiendo que la tasa de absolución por acusación directa en los casos que llegan a juicio es superior al 77 por ciento en Bogotá, Putumayo y Chocó. En esas regiones se pierden dos de cada tres casos que son llevados a esa última etapa.
Ángela María Buitrago, ministra designada de Justicia. Foto tomada de El Tiempo
“El incremento del número de casos que va a juicio implica muy graves complicaciones y riesgos muy preocupantes: las demoras en los procedimientos que pueden terminar en prescripción o libertades por vencimiento de términos, las dificultades para la comparecencia de testigos clave pueden afectar la consecución de una condena”, expresó Díaz en un foro de la Rama Judicial.
Actualmente el 90 por ciento de los procesos penales llegan a la etapa de juicio y congestionan gravemente el sistema judicial. Por ello, la Corte Suprema urge por una reforma del sistema acusatorio.
Panorama de la impunidad
Con el aplicativo se espera celeridad en los procesos y el acceso virtual de los usuarios. Foto tomada de El Tiempo
Cifras del Consejo Superior de la Judicatura advierten que anualmente se dictan más sentencias condenatorias que absolutorias. Entre enero y marzo de 2024 se dictaron 7.766 condenas y 3.309 absoluciones. En 2023 se condenó a 36.458 personas y se absolvió a 12.741, y en 2022 se condenó a 35.852 y se absolvió a 11.116.
Pero anualmente ingresan al sistema de justicia millones de noticias criminales que no se comparan con el número de sentencias anuales. Según datos de la Fiscalía, en 2023 ingresaron 1,8 millones de noticias criminales y en 2022 ingresaron 1,7 millones; entre enero y junio de este año recibieron 931.820 noticias por presuntos delitos. El 70 por ciento de dichas noticias criminales se encuentran en etapa de indagación, pero el 80 por ciento de las que quedan inactivas terminan en archivo.
La prescripción de los procesos también ha aumentado considerablemente. En 2023 prescribieron 4.134 procesos penales, en 2022 fueron 3.182 procesos y en 2021, 2.857. Entre enero y marzo de este año, 802 casos se cerraron porque se extinguió el tiempo de la justicia a favor de los procesados.
Magistrado Diego Corredor Beltrán, presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema. Foto tomada de El Tiempo
La preclusión de los procesos, es decir, la terminación anticipada de los mismos sin que lleguen a juicio, también ha aumentado. En 2021 se precluyeron 31.362 procesos; en 2022, 33.579, y entre enero y septiembre de 2023, 25.935 casos.
En cuanto a las libertades por vencimiento de términos que se dan, en una de sus causales, cuando transcurren 120 días desde que se acusó a una persona sin que iniciara su juicio, en 2023 se concedieron 4.700 –de más de 18.000 solicitadas–; en 2022 se concedieron 5.691 y en 2021 se otorgaron 5.004 libertades por vencimiento.
Otro de los indicadores que incide en la impunidad está en la falta de denuncia. De acuerdo a un informe del año 2022 del Dane, solo el 28,8 por ciento de los delitos que se presentan en Colombia se denuncian.
Según el presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema, Diego Corredor, otra estadística relevante está en los preacuerdos que permiten que los casos terminen anticipadamente. En 2023, la Fiscalía radicó 52.278 escritos de acusación, pero solo 2.742 de ellos fueron producto de preacuerdos.
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Fallas desde su creación
Francisco Bernate, presidente del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia, expresó que el colapso del sistema penal acusatorio se previó desde su creación, hace 20 años. “En primer lugar estaba contemplado que apenas el 10 por ciento de todos los procesos llegaran a juicio. Sobre esa base no solamente no se crearon nuevos juzgados, sino que se redujo significativamente la planta de investigadores de la Fiscalía. Diez años después la situación es la contraria, solamente el 10 por ciento de los procesos se resuelve por fuera del juicio. Entonces, tenemos una justicia colapsada en la que la mayoría de los procesos van a juicio. Y para las víctimas la situación no puede ser peor, un proceso penal puede durar en la Fiscalía 10 o 12 años, en el que las personas prefieren someterse a un juicio, pero poderlo enfrentar en libertad”, expresó.
De seguir las cosas así, no solamente los márgenes de impunidad que hoy en día se generan van a tener esa tendencia a la preocupante estabilidad: Herrera
Hernando Herrera, presidente de la Corporación Excelencia en la Justicia, asegura que luego de dos décadas de funcionamiento hay “fisuras” en el sistema penal acusatorio. “El derecho procesal penal debe ser garantista, pero el nuestro terminó siendo una sastrería para la impunidad. Beneficiando en exceso a los victimarios en contra de las víctimas. En ese escenario se vienen presentando fallas, primero, en la identificación de los delincuentes. Segundo, en lo que hace de llevar eficientemente a esos delincuentes a juicio. Y tercero, que existan condenas ciertamente eficientes para contrarrestar el delito. De seguir las cosas así, no solamente los márgenes de impunidad que hoy en día se generan van a tener esa tendencia a la preocupante estabilidad”, anotó.
Hernando Herrera, presidente de la Corporación Excelencia en la Justicia. Foto tomada de El Tiempo
El magistrado del Tribunal Superior de Bogotá Hermens Darío Lara coincide en que la crisis no es actual, pues el sistema acusatorio inició con un “déficit financiero, la mayor cantidad de asuntos debía terminar en negociación, o terminación anticipada en la Fiscalía, y la menor parte en juicio. Pero eso está al revés. Se congestionaron los juzgados, la Fiscalía no ha funcionado. Ha sido evidente su falta de eficiencia. Si no hay un buen trabajo, lógicamente las pruebas no van a llegar a juicio. El sistema se volvió aplazatorio por muchas razones”.
La penalista Mariana Botero advierte que “le falta gente a la Fiscalía para investigar y le falta gente a la Rama Judicial para que se adelanten los procesos. Hay investigadores que tienen 30 fiscales asignados, los procesos se demoran un montón porque es un pobre hombre adelantando una investigación de 30 casos diferentes. Por otro lado, ahorita puedes estar viendo que se programan audiencias para 2025. También hay mucha falta de ética entre los abogados que ejercen maniobras para sacar a la gente por vencimiento de términos”.
Testimonios sobre la crisis
El actual alcalde de Toledo, Antioquia, Yonni Alberto Marín (del Partido Conservador), denuncia que en septiembre de 2019 –cuando terminaba su primera alcaldía– recibió una amenaza de muerte. El 20 de octubre de 2022 atentaron contra su vida.
“Recibo tres impactos de balas en mi espalda, el sicario no logra rematarme porque un ciudadano se mete y le quita el arma. El sicario se logró volar. Desde ahí esto ha sido una lucha judicial, no hemos tenido hasta el sol de hoy avances en la investigación. No sabemos quién ordenó el atentado. Les hemos entregado material importante a la Fiscalía y a la Sijín, hay testigos, pero al sol de hoy esto no camina ni avanza. Sigo recibiendo amenazas constantemente. Esta semana, precisamente, me informan de la Unidad Nacional de Protección que me van a reducir el esquema. Radicaré una denuncia ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos porque qué impotencia”.
El abogado Gerardo Antonio Duque vivió junto a su familia un caso de hurto en septiembre de 2022 mientras departían en un restaurante en Cali. “Quiero denunciar la mora y la ineficiencia por parte de la Fiscalía. Interpuse una denuncia por hurto agravado. Dos delincuentes en una moto, con una pistola, nos amenazaron y lesionaron a mi hijo. Se capturó a un individuo y ni siquiera lo han vinculado. Ha pasado año y medio y no nos han llamado para iniciar la imputación”, anotó el abogado.
El Tiempo consultó a la Fiscalía General de la Nación para conocer su posición sobre la situación del sistema penal acusatorio, pero al cierre de esta edición no hubo respuesta.
Fuente: El Tiempo
