En una Actuación Especial de Fiscalización liderada por la Contraloría Delegada para la el Sector de Infraestructura y ejecutada por la Gerencia Departamental de Quindío, se encontraron 3 hallazgos administrativos, de los cuales 2 tienen presunta incidencia disciplinaria, uno Fiscal por $2.684´453.326 y se dio la apertura de una Indagación Preliminar, por los procesos contractuales celebrados para la construcción de la doble calzada Calarcá-Armenia–Montenegro– Quimbaya.
Foto portada: Ilustración hallazgo fiscal, tomada de CGR.
En la Actuación Especial de Fiscalización se evaluaron las fases de estructuración, precontractual y contractual de los contratos celebrados para la ampliación del corredor vial Calarcá – Armenia – Montenegro – Quimbaya.
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La CGR pudo evidenciar la falta de estudios y diseños completos, previo a la apertura del proceso de Licitación LP-DT-056-2020 del cual se derivó el Contrato de Obra 1904 de 2020, generando con ello varias prórrogas y adiciones al mismo y a su correspondiente Contrato de Interventoría 1913 de 2020; También se produjo una subestimación de los valores asignados para la gestión social, predial y ambiental del proyecto y, en síntesis, el proyecto vial tendrá un mayor valor de ejecución y un menor alcance del previsto inicialmente; con los consiguientes perjuicios para las comunidades beneficiarias de este importante corredor vial.
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El ente de control pudo verificar que el contrato de obra suscrito por INVÍAS no se ejecutó de conformidad con lo pactado inicialmente, principalmente porque se licitó sin tener completos los Estudios y Diseños y al menos en adecuada Fase II o de factibilidad, con lo cual se afectó el debido desarrollo del proyecto, que se tradujeron en mayores costos y plazos, y en una sensible disminución del alcance en kilómetros de la segunda calzada a construir. Es por ello que se configuró un hallazgo administrativo con incidencia fiscal por valor de $2.684´453.325 y también con presunta incidencia disciplinaria, el cual será trasladado a la Contraloría delegada de Responsabilidad Fiscal y a la Procuraduría General de la Nación, para adelantar lo que corresponde con sus competencias.
Fuente: CGR.
