La Sección Quinta del Consejo de Estado dispuso que, a más tardar en tres meses, se realice un concurso de méritos para la provisión de los cargos en Notarías que hoy están vacantes.
Foto portada: Consejo de Estado ordena concurso de méritos para la carrera notarial, tomada de El Tiempo
La Sección Quinta del Consejo de Estado le acaba de ordenar al Consejo Superior de la Carrera Notarial que, a más tardar en tres meses, convoque a un concurso público de méritos para proveer todos los cargos de notarios en el país que actualmente se encuentran con vacantes o en interinidad.
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La decisión de segunda instancia advierte que el Consejo Superior de la Carrera Notarial, un organismo autónomo que asesora al gobierno nacional en los asuntos relacionados con la fe pública, “ha incumplido el deber previsto en los artículos 2 y 3 de la Ley 588 de 2000”. Dicho deber se relaciona con la designación de notarios en propiedad mediante la realización de concursos de méritos.
Según dicha ley, el Consejo Superior de la Carrera Notarial, organismo conformado por el ministro de justicia, el presidente de la Corte Suprema, dos representantes del presidente de la República, el secretario jurídico de la Casa de Nariño, el director del Departamento de Función Pública y dos notarios, debe convocar a los concursos de méritos para elegir en propiedad.
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En ausencia de concursos y de listas de elegibles, el gobierno cuenta con amplia discreción para designar a los notarios, que no tienen el carácter de funcionarios del Estado aunque sus Notarías brindan un servicio público asociado a la certificación.
Para nadie es un secreto que las Notarías han sido negocios apetecidos en el ámbito político por el poder que tienen los gobiernos de turno para designar a los notarios en interinidad y por la productividad que puede haber en cada una de ellas. En el pasado se han presentado casos de tráfico de influencias con el uso de Notarías, como se evidenció con la llamada ‘Yidispolítica’, donde se otorgaron puestos en Notarías a allegados de la entonces congresista Yidis Medina a cambio de su voto en el proyecto sobre la reelección presidencial inmediata.
Omar Joaquín Barreto, magistrado del Consejo de Estado, fue el ponente de la nueva decisión sobre las notarías. Foto tomada de El Tiempo
Los detalles de la decisión del Consejo de Estado que ordena un concurso para nombrar a los notarios
La Sección Quinta del Consejo de Estado, con ponencia del magistrado Omar Joaquín Barreto, revisó una decisión de primera instancia del Tribunal Administrativo de Caldas relacionada con una acción de cumplimiento que presentó un ciudadano interesado en aspirar a un cargo en una Notaría.
En dicho fallo El Tribunal advierte que el Consejo Superior de la Carrera Notarial no ha vuelto a convocar concursos en los últimos 8 años. “Dicho órgano no sólo admite su competencia en la materia, sino que reconoce que ha efectuado 3 concursos para notarios, el último de ellos en 2015, hace más de 8 años”, indica la decisión del Tribunal de Caldas.
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El fallo también indica que aunque el Consejo Superior ha deliberado desde el año 2022 para convocar un nuevo concurso, sus intenciones se han dilatado.
Justicia, foto tomada de El Tiempo
“Si bien la autoridad demandada ha hecho algunas gestiones, estas se han dilatado en el tiempo, a tal punto que a casi 2 años de fijado el cronograma de trabajo (19 de octubre de 2022), a la fecha no se ha abierto la licitación para la selección de la universidad que llevará a cabo el concurso, ni tampoco ha sido publicado el acuerdo de convocatoria”, dice la decisión.
El fallo también cuestiona que la Superintendencia del Notariado y Registro no haya apropiado aún los recursos para incentivar la carrera notarial mediante un nuevo concurso.
“Los anteriores aspectos, sumado a la existencia de presupuesto para el desarrollo del concurso, ameritan a intervención judicial, no solo con miras a materializar el deber legal incumplido, sino para proteger el sistema de méritos, que es en últimas la filosofía de las normas que están siendo inobservadas”, remata el fallo confirmado parcialmente por el Consejo de Estado.
Fuente: El Tiempo
