Dos personas fueron capturadas por los hechos y la Fiscalía ya anunció que pedirá la máxima condena.
Foto portada: Deibis Rapalino García, uno de los capturados por el hecho ocurrido en Valledupar, Archivo particular
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Las víctimas, de 13 y 15 años, intentaron defender a su mamá y fueron atacados por los agresores.
Los gritos de la comunidad alertaron a las autoridades, que llegaron al sitio cuando ambos menores de edad habían fallecido. Fue la madre quien le explicó a la policía lo que había sucedido.
Con la alerta de la comunidad, los policías que llegaron al sitio pudieron capturar en flagrancia a Luis David Pérez Pertuz, alias Lucho Rabo.
Pero el otro agresor, identificado como Deibis José Rapalino García, se había dado a la fuga y solo pudo ser capturado dos días después, el 27 de julio, cuando se entregó a las autoridades en una casa del municipio de San Diego, Cesar.
En una búsqueda en la página web de la Rama Judicial, Pérez Pertuz solo aparece relacionado en la investigación actual; sin embargo, para Rapalino García se encontró otro registro.
Aparece como demandado en un caso de 2014 en Valledupar por fabricación, tráfico o porte de armas de fuego, crimen que también confesó en ese momento. Entonces argumentó que la escopeta que le fue encontrada era para “salvaguardarse en la finca”, por lo cual le dieron una medida no privativa de la libertad. Los registros del caso llegan hasta 2020 con una citación para la audiencia de verificación de allanamiento y sentencia, pero no aparece registrada una condena por este hecho.
Frente al caso actual, con labores de policía judicial se estableció que Pérez Pertuz habría ingresado a la vivienda de la madre de los menores de forma violenta en compañía de García. Aparentemente, llegaron a preguntar por un hombre que residía en la finca, que sería un tío de los menores asesinados.
Pero al no encontrar a quien buscaban, los hombres comenzaron a atacar a dos mujeres que estaban allí —la mamá de los jóvenes y una prima—, a quienes golpearon en varias oportunidades.
Los menores de edad, al ver que los hombres golpeaban a su madre, intentaron intervenir para defenderla, pero los asesinos respondieron atacándolos en repetidas ocasiones con armas cortopunzantes. Según la Fiscalía, los agresores tenían un machete con el que forzaron la entrada de la vivienda.
Por estos hechos, la Fiscalía les imputó el delito de homicidio agravado, el cual fue aceptado por los dos. Pese a la aceptación de cargos, por tratarse de crímenes graves contra menores de edad, la ley no permite que haya rebajas en la pena por imponer.
De otro lado, el fiscal general, Francisco Barbosa, dijo que este sería el primer caso en el que se aplicaría la nueva regulación de cadena perpetua contra violadores o asesinos de menores de edad. Esa ley entró en vigor el pasado 7 de julio.
Cabe aclarar que, si bien la Fiscalía pedirá la máxima sanción de prisión de por vida, es un juez de conocimiento el que debe resolver el tema.
El togado deberá analizar los hechos, la acusación de la Fiscalía y lo que dijeron los procesados, y con todo esto determinar una sanción. Es decir, para los jueces no es obligatorio aplicar la cadena perpetua para todos los casos de violación y asesinato de niños, sino que deben analizar uno a uno si se cumplen las condiciones para imponer la máxima sentencia.
Además, si bien la cadena perpetua es, de entrada, de por vida, los agresores pueden solicitar una revisión de su tiempo de condena luego de haber pagado 25 años de cárcel efectiva. En ningún caso, ni siquiera si les conceden la revisión, podrían salir de prisión antes de haber purgado 50 años.
Fuente: El Tiempo
