Durante la inspección judicial, las autoridades solicitaron copias de 180 carpetas que contenían toda la documentación del proyecto de navegabilidad del río Magdalena para dejarlo en cadena de custodia en la Fiscalía.
Foto: Archivo particular
Los empleados de las instalaciones de Cormagdalena, en Bogotá, quedaron en shock este jueves cuando un puñado de agentes del CTI se tomó intempestivamente las oficinas.
Nadie sabía qué ocurría. Hasta que los uniformados les dijeron que estaban haciendo un allanamiento por el ambicioso proyecto para recuperar la navegabilidad del río Magdalena. Se trata de una iniciativa pública, gestionada a través de una Alianza Público Privada (APP) -del consorcio Navelena cuyo socio principal es Odebrecht- que naufragó a causa de los líos de corrupción de su matriz en Brasil.
El pasado miércoles el Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló numerosos documentos en los que quedó constatado que la constructora brasileña pagó aproximadamente 788 millones de dólares en sobornos en 12 países de Latinoamérica y África.
Entre estos está Colombia, donde la firma pagó más de 11 millones de dólares entre 2009 y 2017 para adjudicarse “contratos de obras públicas” y logró un beneficio de más de 50 millones de pesos.
Después de esta revelación, el Gobierno informó a través de un comunicado que iba a ir hasta el fondo del tema y que iba a llevar la investigación hasta “sus últimas consecuencias”.
Por eso, la misma Presidencia ofreció su colaboración para solicitar toda la información que involucre funcionarios y contratos en Colombia con el millonario escándalo de corrupción.
La respuesta fue inmediata. Pues a pocas horas del pronunciamiento, el CTI allanó las instalaciones de Cormagdalena para obtener evidencias de las presuntas irregularidades en el proyecto Navelena.
Según conoció Semana.com, los investigadores se reunieron con el grupo de APP para obtener datos relacionados con el tema.
Además, durante la inspección judicial, determinaron llevar copias de 180 carpetas que contenían toda la documentación del consorcio Navelena, para dejarlo en cadena de custodia en las instalaciones de la Fiscalía.
Y no solo eso. También solicitaron todos los computadores asociados a la APP y los escáneres disponibles en las instalaciones, según contaron a este portal personas que estaban dentro de las oficinas.
La información preliminar apunta a que los dineros relacionados con los hechos de corrupción ingresaron por el contrato para la navegabilidad del río Magdalena, que fue adjudicado en el 2014 por Cormagdalena, por eso el interés de la Fiscalía en obtener información sobre el mismo.
No obstante, Odebrecht suscribió un contrato más con el Gobierno, el de la carretera Puerto Boyacá – Chiquinquirá, que fue adjudicado en el mes de abril del 2012 por el Invías. Según informó la Presidencia, la obra fue terminada a satisfacción.
En caso de que las investigaciones establezcan conductas ilícitas en cualquier contrato, se declarará la caducidad de los mismos y se establecerán las acciones penales del caso.
En relación con el escándalo, el Centro Democrático se pronunció y solicitó a la Fiscalía “investigar con celeridad” las denuncias “e identificar rápidamente todos los responsables”.
Audio: Senador Alvaro Uribe Velez:
Fuente: Semana.com
Atención/Comunicado sobre Odebrecht
Ante la información publicada por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos sobre pago de sobornos por la Compañía Odebrecht en Colombia, el expresidente Álvaro Uribe Vélez se permite informar que:
Solicita a la Fiscalía General de la Nación investigar con celeridad estas denuncias e identificar rápidamente a todos los responsables, a quienes debe sancionar con toda severidad.
En la información publicada por el Departamento de Justicia de EEUU se dice que entre 2009 y 2014 se dieron más de 11 millones de dólares en pagos corruptos para contratos de obras públicas en Colombia, de los cuales, dice, 6.5 millones de dólares se pagaron entre 2009 y 2010 a funcionarios del Gobierno.
En diciembre de 2009, durante el Gobierno de Álvaro Uribe Vélez, se adjudicó la Ruta del Sol sector 2, no con un único oferente, sino con varios.
El proyecto fue estructurado por la IFC perteneciente al Banco Mundial. Para la evaluación de propuestas se contrató un panel de expertos que apoyaron al INCO. Dentro de dicho panel se encontraban el exmagistrado Ricardo Hoyos y Gustavo Cuberos en la parte legal. Así mismo, la IFC apoyaba técnica y financieramente la evaluación de las propuestas.
Este contrato de la Ruta del Sol 2 fue adicionado en marzo de 2014 por el actual Gobierno, para incluir la ruta Ocaña-Gamarra.
Adicionalmente, el Gobierno Santos ha tenido dos contratos más con Odebrecht:
– Carretera Puerto Boyacá-Chiquinquirá. Adjudicada en abril de 2012 por el INVIAS.
– Contrato para la navegabilidad del río Magdalena. Adjudicado en agosto de 2014 por CORMAGDALENA, por su director.
En el comunicado de la Presidencia de la República, como es costumbre, se publicó información parcializada, omitiendo mencionar que los sobornos ascienden a 11 millones de dólares hasta 2014, periodo en el cual el Gobierno Santos adjudicó contratos a Odebrecht, como se menciona anteriormente.
Pide que no se abuse de la honra de Andrés Uriel Gallego, ministro impoluto fallecido.
Insta al Presidente de la República, Juan Manuel Santos, a decir si tuvo o no reunión con el Presidente de Odebrecht en el marco de la Cumbre de las Américas en Panamá. Si la tuvo, debe informarle a la opinión pública todo lo que sabe de estos sobornos.
Si hay alguien del Gobierno Uribe involucrado, pide que se le investigue y sancione con toda la severidad.
En su larga vida pública, ha manejado con absoluto cuidado los recursos del Estado.
Bogotá, 22 de diciembre de 2016.
Fuente: Senador Alvaro Uribe Velez
