Luego de reiterados incumplimientos, el Invías decidió no prorrogar el contrato de una obra que terminará costando más de 1,2 billones de pesos.
Foto: Archivo particular
Definitivamente la Unión Temporal Segundo Centenario, encabezada por el ingeniero Carlos Collins no pudo cumplir con el compromiso que asumió hace un año de entregar las obras culminadas del túnel de La Línea. Por esta razón, el gobierno decidió dar por terminado el contrato y anunció que abrirá una nueva licitación.
La decisión la anunció el director del Instituto Nacional de Vías (Invias), Carlos García, quien señaló que el empresario estaba pidiendo una nueva prórroga y que ni siquiera siete meses eran suficientes para terminar la obra. De esta manera se pone fin al tortuoso contrato con Collins, que lleva en ejecución más de cinco años y que no ha permitido que este túnel vea la luz.
En los próximos días comenzará el proceso para abrir una nueva licitación pública con el fin de que un nuevo contratista pueda terminar el 12 por ciento que falta por ejecutar y que requerirá inversiones por 200.000 millones de pesos adicionales.
García indicó que se iniciará un proceso para liquidar el contrato y para determinar si se imponen multas y sanciones al concesionario por su incumplimiento.
Esta decisión que se veía venir desde hace meses, incluso estuvo a punto de tomarse hace un año, le da más largas a la terminación de un proyecto que se ha convertido en un calvario para el gobierno. Ocho años después de su adjudicación no se ha podido culminar por problemas de sobrecostos, fallas geológicas y ambientales, entre otros.
El túnel de La Línea es un macroproyecto que involucra la construcción de un túnel de 8 kilómetros, 59 puentes o viaductos y 16 túneles menores que reducirán a la mitad el tiempo que tardará un vehículo en recorrer el tramo entre Cajamarca (Tolima) y Calarcá (Quindío), sobre la cordillera central.
Inicialmente el proyecto tenía un valor de 629.000 millones de pesos pero con el paso de los años el constructor indicó que los recursos eran insuficientes frente a la magnitud de las obras que tenía que realizar y a los problemas geológicos que había encontrado en el camino.
El año pasado el vicepresidente Germán Vargas Lleras y el director del Invías fijaron como plazo definitivo el 30 de noviembre de este año para entregar las obras. Pero nuevamente, después de cuatro ocasiones, el contratista incumplió y pidió otra prórroga, lo que llevó al gobierno a negar la petición.
Esta es una decisión radical si se tiene en cuenta que implica demoras adicionales en un proyecto que está muy avanzado porque implica abrir una nueva licitación y buscar un concesionario dispuesto a culminar el proyecto.
Pero además, con esta decisión el Estado se puede involucrar en un pleito millonario ya que el contratista no se quedará con los brazos cruzados y exigirá el pago de una indemnización.
Sin embargo, al gobierno no le quedaba otra alternativa ya que según el director del Invías, “la prórroga representa un riesgo mayor”. Y aunque Collins argumentó hace pocos meses que el paro lo había afectado y por eso se habría retrasado la ejecución del proyecto, García sostiene que ningún contrato del Invías ha sido objeto de prórrogas por el paro camionero y no hay razones jurídicas para que el contratista justifique una demora adicional.
Al haberse vencido el término del contrato el Gobierno no podía apelar a la figura de la caducidad, por ello no le aplicarán sanciones inmediatas hasta que un proceso determine la responsabilidad del contratista. De manera que en este nuevo capítulo de la construcción de La Línea, Collins podría, incluso, volverse a presentar en la licitación que abre el lunes.
Fuente: Semana.com
